Más allá del entusiasmo de toda esa gente que allí se reunió, viene bien recordar que la aplicación de la Ley ha quedado en suspenso, con lo que no hay por el momento ley que regule los medios audiovisuales. Así lo planteó el jurista Miguel Rodríguez Villafañe en una nota publicada en UTPBA, quien explicó que de los cinco fallos en contra de esa norma se pueden clasificar en dos tipos:

• Los que están circunscriptos a supuestos agravios que tendrían algunos artículos de la ley (datos tomados de nota de La Nación):

• A pedido del Grupo Clarín, el juez federal Edmundo Carbone suspendió el plazo de desinversión (artículo 161).

• A pedido de una ONG, Codelco, el juez Medina suspendió el artículo 161 y los artículos 45 (multiplicidad de licencias) y 62 a 65 (transmisión en cadena). Contra este fallo se hizo una presentación conjunta entre el CELS y sindicatos de trabajadores de medios, universidades nacionales y medios comunitarios.

• A pedido del Grupo Vila (Canal 8 de San Juan, Supercanal, Diario Uno), el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, suspendió los artículos 42 a 46, 48 y 161, argumentando que  la ley es “una abierta contradicción” al principio de la libertad de prensa.

• Los casos promovidos por legisladores nacionales, cuyos fallos suspenden la ley:

• La causa promovida por el diputado Enrique Thomas (Peronismo Federal-Mendoza), tiene fallo de primera instancia (jueza federal Pura de Arrabal) y de la Cámara Federal (del 25/3/19)  que suspendieron toda la ley en virtud de encontrar irregularidades en su sanción.

•El juez federal Miguel Medina, de Salta, también suspendió toda la ley para evitar un “daño grave”. El juez Medina, igual que lo había resuelto su colega Pura de Arrabal, hizo hincapié en las irregularidades del trámite legislativo. En caso de que se revirtiera en la Corte Suprema la resolución del caso Thomas, quedaría este fallo impidiendo la aplicación de la ley.

Puede entenderse que la situación es grave, porque no está en vigencia la ley 22.285, que fue derogada, pero la situación judicial parecería decir que tampoco está en vigencia la nueva ley, aunque no tienen una sentencia firme que la declare inconstitucional. El abogado Villafañe dice que una manera de salir de esta encrucijada es recurrir al “per saltum”, que según la definición de este especialista:

Establece que la Corte puede avocarse a causas no terminadas y tomar un criterio general para todas. ¿Qué sentido tiene que la Corte falle en el caso Mendoza si luego viene Salta? La estrategia de estos sectores -que se oponen a la vigencia de la ley- es empezar a minar al país. Fallan jueces de primera instancia, va a la Cámara, no hace lugar y pasa de ahí a la Corte. La Corte falla y empieza otro caso porque los van activando cronológicamente después. Con ese criterio, podemos estar tres años sin que se pueda aplicar la ley.

La situación recuerda a una frase de Woody Allen que dice algo así como “Como nunca la humanidad se enfrenta a una encrucijada: un camino lleva a la desesperanza, el otro a la extinción total. Recemos para que se nos conceda la sabiduría para elegir correctamente…”

]]> http://www.alosmedios.com.ar/no-hay-derechos/19-04-2010/sin-ley-por-ahora/feed/ 0 http://www.alosmedios.com.ar/medio-politica/25-02-2010/telefono-descompuesto/ http://www.alosmedios.com.ar/medio-politica/25-02-2010/telefono-descompuesto/#comments Thu, 25 Feb 2010 13:38:52 +0000 AA http://www.alosmedios.com.ar/?p=700 Hay una obsesión entre la gente pública. Todos, funcionarios, dirigentes, figurantes, se quejan de que no se publica todo lo que dicen. O, al revés, que no dijeron lo que se publica. Hasta el último de los vecinos atormentado por la lluvia se queja de que “¡Los medios no cuentan lo que pasa acá!”. Entonces, vecinos, funcionarios, dirigentes, gastan el escaso tiempo que se les dedica en reclamar más tiempo para su tema, a desmentir  las citas de sus declaraciones, a denunciar que lo publicado no es lo declarado, a acusar que lo declarado fue censurado… Como si en lugar de un sofisticado sistema de comunicación, todos estuvieran conectados a latitas unidas por un hilo de algodón. [Nota completa en Hipercrítico]

Algunos incluso acusan censura para sus dichos. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos define como censura la prohibición judicial, legal o de hecho que impide la difusión del trabajo periodístico. Por caso, interrupción de la transmisión de contenido periodístico a través de medios de comunicación, obstaculización e impedimentos a la difusión de material periodístico. Cuando un ciudadano cuenta con medios por los que puede hacer circular su información, cuando cuenta con un fabuloso aparato de difusión a su servicio aunque algunos decidan ignorarlo, ¿puede considerarse silenciado?

En el sistema informativo de los grandes medios se estima que llegan a las redacciones un promedio diario de mil comunicados de prensa informando discursos, anuncios, novedades, pavadas  que la mayoría de las veces sólo interesan a su protagonista.  Si se considera las fuentes oficiales, sólo Presidencia de la Nación en febrero de 2010 emitió un promedio de cinco comunicados por día. Si se agregan los ministerios, para la semana del 14 al 20 de febrero, el sitio de prensa oficial emitió 137 comunicados de prensa: casi 20 por día (ni descansaron el domingo de los enamorados, que ofreció ocho comunicados). Esto sin incluir las notas de opinión, ni los informes especiales, ni los videos y otras yerbas que el sitio presidencial produce intensivamente. Ni los discursos presidenciales, género en franco crecimiento: según el cálculo que hizo un diario, fueron 58 en 47 días, esto es, un promedio de 1,23 discursos diarios para este año, por encima del 1,18 de promedio registrado en 2008 en pleno conflicto con el campo.

El periodista Ignacio Ramonet llama desinformación a las noticias falsas o que inducen a engaño, o subinformación cuando la información es insuficiente o deliberadamente recortada. La contraria es igual de nociva, porque la sobreinformación es una catarata de mensajes  donde una nada vale lo mismo que una noticia trascendente. Todas las variantes son un menoscabo al derecho a la comunicación pero lo última es peligrosa porque dificulta dilucidar lo importante de lo que no lo es. Ramonet plantea que cada vez más personas están más pendientes de las noticias que circulan en los medios, atrapadas en un flujo de información cuya sobredosis produce el efecto colateral de la desinformación. Los más expuestos a este mal, dice, son las personas que participan activamente en el circuito informativo, es decir, fuentes, periodistas y jefes de prensa, muchas veces preocupados por cuestiones que sólo existen en el microclima de los hiperinformados. Comunican lo que no se necesita y omiten lo que sería imprescindible.  Confunden lo que pasa por la pantalla de su computadora con lo que pasa, se enojan con los mensajes y creen que el problema son los mensajeros. A los sobreinformado les pasa lo que decía Mafalda: el mundo exterior les queda muy lejos.

• Argentina no está en el podio pero ocupa el 7º lugar en denuncias, sobre 32 países.
• Si se compara las categorías con más denuncias como Agresiones físicas y psicológicas, los casos reportados son menos de la mitad de los denunciados en los primeros cinco países.
• Pero en Censura, Uso abusivo del poder público y Acceso a la información, estamos al nivel de los más denunciados, con los mismos casos que Venezuela, Perú y Cuba (acceder al gráfico).

Sin excusar los desarreglos que hacen algunos medios, que desde acá venimos criticando desde siempre, ¿no cabe preguntarse quién censura/abusa/desinforma a quién?

1 ¿Desaparecerán TN y otras señales de noticias?

El proyecto de LSCA establece que los dueños de cables no pueden tener señales nacionales como TN, porque sus competidores podrían tener problemas para entrar en la grilla de programación (recuerden que cuando el COMFER quiso moverla del lugar privilegiado en el canal 11, no pudo). Pero podría convertirla en una señal local y seguir distribuyéndola en su zona.

2 ¿Qué pasa con señales que se escuchan en todo el país, como Cadena 3?

Deberán limitar el total de señales a 10, y no podrá repetir más que un porcentaje de su programación en dúplex, porque la idea del proyecto es que no haya tanta programación centralizada (exceptuando la pública). Por caso, las provincias dejarían de recibir la temperatura de Buenos Aires o información sobre los baches porteños, como pasa cuando se manda la señal de noticias tal cual.

3 ¿Se garantiza programas nacionales de mejor calidad?

La nueva ley no establece pautas de contenidos, exceptuando una cuota de producción nacional (art. 65) y cuestiones que tienen que ver con contenidos discriminatorios (art. 70). Se establecen aportes para para la producción de contenidos (ver la reflexión de Quintín). La cuota de producción nacional es lo que ARPA objeta diciendo en un aviso algo así como no dejes que te digan qué escuchar. Lo que hay que decir que la programación de muchas radios, especialmente la de rankings, es pautada con las discográficas en función de los lanzamientos. Es decir, que ni escuchamos lo que queremos ahora, ni va a evitarse que se siga digitando comercialmente la programación si se cubre el porcentaje nacional.

4 ¿La cuota de producción nacional y/o local, evita que la pantalla se llene de programas de chimentos, sorteos, o cualquier otra pavada?

No. Definitivamente, nada nos protege de la mala producción nacional. Vean el INCAA y la gran cantidad de películas que solo se hacen para filmar, y no para el deleite del público (vean un lindo ejemplo del mal cine auspiciado por el Instituto).

5 Cuando Cablevisión deba achicarse para no pasar el 35% de los abonados totales, ¿quién dará el servicio de cable?

El que lo compre, como pasó con los usuarios de Multicanal, que de un día para otro se enteraron que el servicio de cable se lo prestaba otro.

6 ¿Cuando los cables o las radios se desprendan de señales, cómo se asegurará que el nuevo dueño no despida a los periodista?

Nadie lo asegura. Los más optimistas dicen que como se habilita la entrada de “nuevas voces” de la sociedad civil, va a haber más fuentes de trabajo para todos. Pero lo cierto es que no se garantiza el financiamiento de las nuevas señales, ni la estabilidad laboral de los periodistas. Sin embargo, no sería la primera vez que pasa: no olvidemos que hace unos años desapareció la señal de cable P&E y la mayor parte de los emprendimientos periodísticos tuvieron que salir a buscar lugar en otras señales, a precios más caros.

7 El tercio que se asignará a la sociedad civil, ¿saldrá de las o canales privados?

Técnicamente se irán asignando con el tiempo, en función de la renovación de licencias.

8 ¿Bajará el abono de la televisión por cable o satelital?

La competencia nunca ha beneficiado el bolsillo del consumidor. ¿O conocen algún caso como para que lo incluyamos? [Vean el comentario de Rodolfo, que aporta información sobre el tema]

9 ¿El Gobierno controlará los contenidos de la programación?

Controlará que se cumpla la cuota de pantalla nacional y que no haya contenidos discriminatorios. Y que se haya cumplido con las disposiciones para ver si se renueva la licencia. Pero la autoridad de aplicación solo difiere de la actual en que en lugar de un interventor, habrá una comisión con mayoría del Poder Ejecutivo (ilumina algo de esto la nota de Beatriz Sarlo). Hasta ahora no se pudo hacer cumplir ni siquiera el horario de protección al menor, que marca también la actual ley. ¿Podrán en el futuro?

10 El tercio de señales para la sociedad civil, ¿quiénes lo cubrirán?

Obviamente tendrán más posibilidades de acceder a medios propios las fundaciones, sindicatos e iglesias con mayor poder económico. Como ocurre actualmente con las horas que compra la Iglesia Universal.  Perfil del domingo incluía una nota que decía que “Las principales ONGs del país no están interesadas en tener radio o canales”, pero lamentablemente no está disponible en la web.

11 ¿Es cierto que grandes grupos como Clarín pueden quebrar si se aprueba la ley?

Barros argumenta que es poco probable. En el 2003 el grupo también tambaleó financieramente, pero pudo obtener una ley que protegió su capital del cram down (la famosa ley de Bienes culturales). Además ya se están movilizando todos los recursos legales para pedir compensaciones por los perjuicios que pueda ocasionar la ley por los derechos adquiridos. Que pagarán los consumidores (como ahora con el futbol).

12 ¿Cómo se controlará que la ley se cumpla?

Dice la nota: “La autoridad de aplicación tendrá ese rol. También tendrán su palabra la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional de Comunicaciones”. Los mismos organismos que hoy autorizan el sistema de medios tal como lo conocemos. Por ejemplo, se supone que un grupo extranjero no puede tener un medio nacional, pero actualmente PRISA maneja Radio Continental. Tampoco una empresa como Telefónica podría administrar contenidos, como hace con Telefé.  O sea, que deberán hacer muuucho mérito y desplegar ejecutividad en defensa de la ciudadanía para que confiemos a futuro que las cuestiones de medios no se dirimirán por presiones políticas.

13 ¿Serán los medios finalmente un servicio público?

No, a pesar de que muchos de los defensores del actual proyecto tienen escritos defendiendo la idea de que los medios deben ser considerados un servicio público, el actual proyecto no los define así. Esto significa, por ejemplo, que el ciudadano no es parte directa en el sistema. Dice el primer artículo que “La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público”. Pero no se le da el rango de servicio…

Para ver un poco las líneas generales de la ley, recomendamos otra nota del mismo autor: “Ganadores y perdedores en el nuevo mapa de radio y TV”. Para consultar la versión que entró a diputados, se puede ver en Telam el archivo corregido. Que son versiones provisioras, porque como aclara Barros en su nota:

Este informe se elaboró en base a las modificaciones que el proyecto sufrió antes de ser tratado en Diputados, ya que hasta el momento no se conocen fehacientemente las modificaciones que sufrió en el recinto al lograr su media sanción. También en la consulta a expertos que prefirieron permanecer en el anonimato por diversas razones. El titular del Comfer, Gabriel Mariotto, que afirma ser defensor de la libertad de prensa y pluralidad de voces no respondió ninguna de las consultas que este medio le hizo llegar por teléfono y vía mail. Tampoco el departamento de prensa del organismo.

Qué cosa que pase esto con la ley que vendría a garantizar la pluralidad de voces…

Nos preguntábamos si ¿Pagábamos o no? Y finalmente presentaron el plan de blanqueo.