Extensión de licencias por diez años: Res. 527/05

• Dto. de Necesidad y Urgencia 527: Publicado en el B.O. 24/05/2005

• Se declara válido por Diputados el 27/07/2007 (Res. S/N)
• Se declara válido por Senadores el 28/10/2009 (Res. 288/09, B.O. 9/12/2009)

Desinversión de un año: Art. 161 Ley 26.522

• Sanción de la Ley 26.522: Publicada en el B.O. 10/10/2009

No hay error en el texto: el Senado ratificó la extensión por diez años de las licencias 18 días después de sancionada la ley que exigía la desinversión en un año.

Como vemos, la aplicación de la ley se ha vuelto un tema complicado más allá de las acciones legales de los que se oponen a la norma especialmente, especialmente porque cuentan con disposiciones legales que apoyan sus pretensiones. Recomendamos la lectura del artículo de Martín Becerra, que aporta varios datos para entender un poco mejor la complejidad de la situación. Al respecto Becerra dice:

• Los abogados del gobierno no deberían esta vez fracasar en su misión de demostrar por qué el interés público, representado por el Estado, es afectado seriamente con la suspensión “casi” integral de la ley. Fracasaron al no fundamentar legalmente la consigna coreada por el propio gobierno en los últimos dos meses, a saber: que el art. 161 constituía el corazón de la Ley y que ésta quedaba inerte si el artículo no se aplicaba. Esta obsesión gubernamental con el 161, mezcla de torpeza política y ausencia de valoración de los 164 artículos restantes de la nueva norma sobre medios audiovisuales, en el fondo expresó la dificultad del gobierno para aplicar medidas anticoncentración eficaces de mediano plazo (sobre el tema: entrevistas con Gerardo Fernández en Tirando al Medio y con Adriana Amado y Gabriel Levinas en No Hacemos Falta).

Art. 82: Límites de publicidad total por hora: 14′ radio; 12′ TV abierta; 6′ TV por cable (8′ si se trata de la señal de “generación propia” y en todos los casos, sólo para los que contratan abono básico).

Las películas en cable sólo se podrán interrumpir cada 30 minutos (regl. art. 82, inc. e)Lo ley anterior establecía también topes similares, pero la mayor diferencia es que la 26.522 establece que es por todo concepto: es decir, tandas, chivos, concursos, menciones de marca, auspicios, etc. (que la ley llama PNT). Es la Afsca la que autorizará cuándo se pueden incluir y cuándo no (regl. art. 82)

Esta semana el sitio Diarios sobre diarios dio cuenta del problema que la aplicación de este artículo representa para las numerosas productoras de programas periodísticos en las señales de noticias. En su edición del 6 de octubre, planteó Preocupación en productoras de programas de TN. Hoy, 8 de octubre, incluye la La mirada del Gobierno sobre la publicidad en cable, explicitando el conflicto percibido desde la Autoridad de aplicación sobre el tema. Para Luis Lázzaro, Coordinador General de la Afsca, “la pregunta es por qué, además de cobrar a los abonados, de facturar la distribución de sus señales y de vender su propia publicidad, le cobran también a las productoras que suministran los contenidos”. Aclara también DsD que del lado de las productoras están empezando a conversar con los canales, pero al parecer “muchos productores aún no leyeron la reglamentación de la ley”.  Lo cual no es un demérito, porque al parece ni siquiera los periodistas que están en esos programas leyeron la ley.

Lo cierto es que hasta ahora, el canal alquilaba su espacio a una productora cuyos ingresos devenían de la explotación publicitaria.  Según dice Lázzaro, la publicidad de bien público no está incluida en los topes. Según la ley, tampoco la que promociona los programas de la señal. Si como están haciendo los canales, las tandas las avisan con una placa que indica al espectador que comienza la publicidad, no debería exhibirse publicidad en otro momento. Sin embargo, los programas (tanto de TV abierta como de cable) siguen presentando publicidad antes de la tanda que se anuncia con la placa. (¡entonces no cumplirían la ley aunque pongan placa!, ¿se entiende?).

La sutileza es la reglamentación del artículo 82:

AFSCA podrá permitir la inclusión de promociones, patrocinios y publicidad durante la programación, siempre y cuando no perjudique la integridad y el valor de las emisiones y se compute dentro de los tiempos máximos de emisión fijados por ley.

Entonces, la cuestión es que productoras y autoridad deberían sentarse a hablar para organizar estos detallitos. ¿O son las señales que deben pedir la autorización para que sus productoras puedan pasar publicidad más allá de los límites fijados? Y lo que es más importante, ¿cómo hacemos nosotros para reclamar el cumplimiento? Hasta ahora, nunca se pudo hacer cumplir el límite que establecía la 22.585, porque bueno, ya sabemos, decían que era una ley de la dictadura. Pero estos artículos son de una ley de la democracia y no tienen ningún impedimento cautelar. O sea…

La Corte Suprema argumenta que el gobierno “no ha logrado demostrar –con el rigor que es necesario en estos casos- que el mantenimiento del pronunciamiento que ataca pueda, en las actuales circunstancias, paralizar u obstaculizar la aplicación general del régimen consagrado en la ley 26.522″. Traducido, este párrafo es otro golpe al gobierno, que en su estrategia polarizadora se obsesionó en los últimos dos meses con el artículo 161 demorando la aplicación de una norma que contiene muchas otras disposiciones que permitirían desconcentrar el mercado de medios, cuya hipertrófica concentración (ver “Los dueños de la palabra” de Martín Becerra y Guillermo Mastrini, 2009, acá: http://www.infomedios.org/publicaciones.php), es resultado de decisiones políticas adoptadas por todos los gobiernos desde 1974 y hasta 2008.

La Corte Suprema recuerda –lo que constituye seguramente el argumento más doloroso para el gobierno- que fue el propio Poder Ejecutivo en 2005 quien prorrogó las licencias audiovisuales (Decreto 527/05 del ex presidente Néstor Kirchner y medidas complementarias que confirman que el Decreto no fue un accidente, como la Resolución 214 de 2007 del COMFER). Este Decreto se inscribe en una serie larga de medidas a favor de la concentración de medios adoptadas durante la presidencia de Néstor Kirchner, mientras su alianza con el Grupo Clarín se reflejaba en la línea editorial de los medios que el grupo controla y en las visitas del CEO Héctor Magnetto a la Quinta de Olivos. La Corte Suprema recuerda que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nº26522 se halla, en consecuencia, plenamente aplicable (con la excepción del art. 161 para el Grupo Clarín únicamente) y, aunque no lo indique con estas palabras, que esa plena vigencia se debe a la intervención de la propia Corte Suprema. El máximo tribunal le devuelve así al gobierno el favor de las consignas coreadas en su contra en la movilización del martes 28 de septiembre último en Plaza Lavalle y de los comentarios a través de Twitter de la presidenta Cristina Fernández y de alguno de los ministros del Poder Ejecutivo.

Lo cierto es que la Ley 26.522 está en vigencia, y tiene un montón de artículos para hacer cumplir. Y más aún, con cuestiones que rápidamente generarían beneficios para los ciudadanos. Algunos de los artículos que están esperando su concreción:

• Art. 19: Creación de la “Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual”
• Art. 72: Inc. e) viii: El licenciatario de be informar el detalle de las pautas que reciba de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales.
• Art. 73: “Abono social” o sea, una tarifa accesible para quien lo necesite.
• Art. 75: “Cadena nacional”, sólo “en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”
• Art. 76: Emisión de avisos de interés público.
• Art. 81: Inc. e) Los avisos deben emitirse en el mismo volumen.
• Art. 82: Límites de publicidad total por hora: 14′ radio; 12′ TV abierta; 8′ cable.
• Art. 111: Las sanciones que aplique la autoridad de aplicación “serán públicas”.

Como se ve, no se trata de nada complicado, ni de la asignación de licencias, ni del control de cuotas de producción nacional, ni nada de las cuestiones complejas que tiene la ley. Ni hablar de que todavía no se ha conformado la Autoridad tal como estaba prevista, porque faltan los directores que vienen del parlamento. También es cierto que de  las autoridades designadas por el Poder Ejecutivo, en la página de la Autoridad no tenemos información de que cumplen con el requisito de  “alta calificación profesional en materia de comunicación social” que establece el Art. 14. Es más, ni siquiera tenemos un nombre pronunciable y fácil de escuchar para que la gente pueda identificarlo y ponerse en contacto con su autoridad de aplicación fácilmente [Todos lo sabemos: Afsca es impronunciable, ¿por qué no le agregan alguna vocal por gentileza? AuFesca, Afedesca, o cualquier cosa que no parezca una vacuna contra la aftosa].

Si tanta energía que anda movilizada por ahí, se canalizara en el control y cumplimiento de muchos de los artículos que están esperando para ser llevados a la práctica, seguramente la ley tendría mucha más fuerza que ahora. ¿Cuándo empezamos a hacerla cumplir para los ciudadanos? ¿O será que implica también poner en línea a otros medios a los que tampoco les gusta ser controlados?

¿Por qué un derecho humano tiene tanta resistencia de una parte de la sociedad? ¿Por qué en lugar de celebrar este acto de justicia para la ciudadanía hoy obligada a mantener su amor fuera de las instituciones, hay voces aferradas a defender lo contrario? Como las respuestas aparecen donde menos se esperan, la encontré en la conferencia que Manuel Castells ofreció en Buenos Aires. Este eminente sociólogo recordó que las sociedades resuelven sus cuestiones públicas no en base a una discusión racional, sino por sus marcos de pensamiento, que es lo que habitualmente llamamos “sentido común”. De hecho, decía Castells, “La mayoría de las personas no van a los medios a informarse sino a ratificar sus opiniones”, tan poderosos y condicionantes son estos marcos.

El que mejor estudia cómo funcionan es George Lakoff, que justamente analizó la discusión sobre este tema en Estados Unidos y encontró la clave de por qué el progresismo no pudo evitar que los conservadores llegaran incluso a prohibir el matrimonio para todos en algunos estados. El libro en el que hace el análisis sobre el marco de pensamiento del “matrimonio gay” se llama con una frase que demuestra la hipótesis del lingüista: “No pienses en un elefante”. ¿Qué es lo primero que se les vino a la mente cuando la leyeron? Claro, ¡un elefante! Lo que viene a demostrar que la simple mención del asunto, aunque sea en su negación, lo trae a la cabeza justamente cuando quisiéramos que el interlocutor lo olvidara. ¿O qué fue lo primero que pensaron cuando leyeron el título de esta nota?

Lo mismo pasa con la discusión del derecho de todos a casarse cuando se encasilla en  la idea “matrimonio gay”. Lakoff sostiene que es un concepto que en Estados Unidos usaba la derecha y que despertaba el mayor rechazo de las personas que no tenían posición tomada al respecto. Según el lingüista,  “matrimonio gay” alude indefectiblemente a dos estereotipos que despiertan rechazo. De matrimonio ya sabemos que para defender la exclusividad heterosexual muchos que no agarran un diccionario hace años recurrieron a una dudosa etimología (¿vendrán luego a sacarnos el “patrimonio” a las mujeres?). En realidad lo que hacen es justificar desde el “sentido común”, que habla de lo malo conocido. El otro estereotipo es aun más escandalizante para muchos: la palabra “gay” suele estar asociada a la vida desenfrenada, al sexo irresponsable, a la diversión. Dice Lakoff que por más que se desmienta estos prejuicios con datos y testimonios, ¡el marco prevalece por sobre los hechos! simplemente por traerlo a la discusión.

El camino, dice Lakoff, es cambiar el marco. Aceptar la discusión en términos de “matrimonio gay” es limitar el debate a los términos más conservadores, es reforzar mentalmente la posición de los detractores. Piensen cuánto cambiaría la discusión si los periodistas preguntáramos desde el marco positivo, por ejemplo, desde la “Libertad para casarse” con planteos del tipo:

-¿Te parece que el Estado debería decirle a alguien con quién se puede casar y con quién no?

-¿No pensás que la libertad para casarse es una cuestión de igualdad de derechos ante la ley?

-¿Es bueno para la sociedad que dos personas que se aman puedan asumir un compromiso público?

En un mundo de desencuentros, de relaciones superficiales, de tanta gente que le escapa al compromiso afectivo, que haya un grupo que defiende con tanto entusiasmo el amor, la unión para toda la vida, la posibilidad de armar una familia, es una de las mejores noticias que leí en mucho tiempo. Yo quiero vivir en una sociedad donde el amor sea el marco conceptual.

Publicada en Hipercrítico